martes, 4 de marzo de 2008


El desafiante capítulo de la guerra contra el terrorismo que abrió la muerte de Reyes..

La actuación del gobierno colombiano y su ejército en los hechos que llevaron a la muerte del terrorista Raúl Reyes, nos lleva a reconocer el compromiso de nuestro estado y sus instituciones en la lucha contra el terrorismo y el fin de la dictadura del terror en Colombia.
Sin embargo, a la luz de la política internacional y de los vecinos de Ecuador y Venezuela, lo que se ha logrado conocer y descubrir con estos hechos es aun más importante que el hecho mismo.
Es inevitable reconocer que los hechos son una violación del derecho internacional, eso es irrefutable. No lo justifica el hecho de que pase todos los días en casi todas las fronteras entre países donde en al menos uno de ellos existe algún tipo de conflicto interno en el mundo. Se ve en África, Asia, la Europa ex comunista del este, e incluso en países sin conflicto, como la frontera México-Americana. La manera como la comunidad internacional maneja estas situaciones es puramente diplomática. Lo que realmente sorprende es la reacción de nuestros vecinos. Es comprensible y además necesario pedir explicaciones sobre lo ocurrido, pero las acciones del estado colombiano jamás podrían interpretarse como una agresión contra el Ecuador y es casi que incomprensible la reacción de Venezuela con respecto a este asunto en el que aparentemente nada tiene que ver. Históricamente ha habido innumerables reportes de soldados de la guardia nacional venezolana pasando la frontera con Colombia para desmantelar bandas de traficantes, contrabandistas y delincuentes colombianos y venezolanos que usan la frontera como escudo contra la ley. Hay reportes hasta de capturas ilegales de ciudadanos colombianos por parte de la guardia nacional venezolana. Sin dejar de protestar y pedir el respeto de la soberanía, algo totalmente lógico, Colombia jamás ha declarado el rompimiento de relaciones o la cuasi-declaración de guerra por parte de Ecuador y Venezuela debido a estos incidentes. El ejército Colombiano estaba, dentro de su lucha contra el terrorismo, en la necesidad y obligación de actuar rápida y efectivamente para lograr su objetivo, que era únicamente capturar o dar de baja uno de los enemigos más grandes que ha tenido el país. Nunca fue la intención del gobierno o el ejército atacar el Ecuador, a su población o sus instituciones.
Lo mínimo que esperaríamos entonces es compresión y colaboración de un país hermano, que luego de que Colombia explique con total claridad lo ocurrido y la necesidad absoluta de haber efectuado la operación en territorio Ecuatoriano, demuestre estar comprometido con la lucha contra el terrorismo y la seguridad y bienestar de sus ciudadanos hermanos, como cualquier nación respetable de la comunidad internacional lo haría.
Pero lo que ocurrió y viene ocurriendo, es realmente el logro más importante de esta operación. La realidad es que nuestros supuestos países hermanos son más cercanos a nuestros enemigos que a nuestras instituciones y nuestro pueblo. Son naciones que no solo han protegido el enemigo de la democracia colombiana, permitiéndoles atacar a Colombia, a sus ciudadanos y sus instituciones, para luego darles refugio en sus naciones donde las fuerzas legitimas del estado colombiano no puedan capturarlos. Los gobiernos de estas naciones han ayudado logística y económicamente a un grupo terrorista internacionalmente catalogado como tal, por ende se han convertido a la luz de la comunidad internacional en naciones que apoyan el terrorismo. Esto si tiene que tener consecuencias a nivel internacional.
Lo que estos hechos han logrado descubrir confirma también dos elementos muy importantes: Que el gobierno colombiano tiene muy claro con quien cuenta y con quien no cuenta en la región. El presidente Uribe siguió todos los canales que un jefe de estado frente a una situación de estas debe seguir. Sin poner en peligro el riesgo de la operación, le informó a su colega ecuatoriano sobre los hechos y luego pidió disculpas al pueblo ecuatoriano y su gobierno, agradeciendo su colaboración.
El rompimiento de relaciones diplomáticas que efectivamente se ha presentado es el paso lógico a seguir. Es realmente impensable que tengamos relaciones con naciones que ya sabemos abiertamente apoyan a nuestros enemigos. Colombia debe romper cualquier lazo con estados que están apoyando el terrorismo que agobia a la nación. Es un asunto de seguridad nacional. El gobierno debe utilizar toda la evidencia que posee sobre estos hechos ante los organismos internacionales, La OEA y las Naciones Unidas, para demostrar el ya evidente vínculo de los regímenes ecuatoriano y venezolano con las FARC y denunciarlos como estados que apoyan el terrorismo. Colombia debe presentar explicaciones muy claras, como ha sido su tradición, ante la comunidad internacional por los hechos ocurridos en suelo ecuatoriano. La verdad sobre los vínculos del estado Ecuatoriano con las FARC debe ser suficiente para explicar porque esto nunca podría haber sido informado previamente o hecho de manera conjunta.
Algo también muy importante ha quedado claro. El gobierno colombiano, como pocas veces en nuestra historia, ha demostrado que prima el interés, la libertad y la preservación de las instituciones de la nación y de su pueblo sobre cualquier otra consideración. El estado y su gobierno democráticos nos demostraron que su objetivo de lograr el fin de la violencia y el terrorismo es inaplazable y que su compromiso con el pueblo que lo eligió es total. Los colombianos podemos decir y palpar, a diferencia tristemente de nuestros hermanos vecinos, que nuestro gobierno está comprometido con nuestra seguridad y prosperidad. El gobierno tiene un mandato legítimo del pueblo, más legítimo que cualquier mandato en el mundo, y lo está cumpliendo al pie de la letra.
En Colombia somos 40 millones de personas que estamos representados por un presidente y un gobierno que apoyamos, y que simplemente no lo va a permitir.

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